Durante la sesión mensual del Órgano de Resolución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la delegación de Venezuela presentó una denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos, acusándolo de utilizar su supuesta estrategia de seguridad para fragmentar el comercio global y el derecho internacional.
La representación venezolana vinculó las recientes agresiones militares y económicas estadounidenses con la crisis institucional que atraviesa la OMC. Venezuela señaló que la parálisis del Órgano de Apelación —instancia máxima de justicia comercial bloqueada por Estados Unidos desde 2019— es una herramienta deliberada para permitir la aplicación de medidas unilaterales sin supervisión legal.
La negativa de Washington a nombrar nuevos jueces ha dejado al organismo sin quórum. El Órgano de Apelación, con sede en Ginebra, debería estar integrado por siete jueces. Sin embargo, desde el 30 de noviembre de 2020, la instancia carece de miembros en ejercicio, lo que deja a los países en un estado de indefensión jurídica ante disputas comerciales de alto nivel.
En este sentido, Venezuela reafirmó su rechazo a la transición de un sistema basado en reglas hacia un modelo donde predomine la fuerza.
La delegación del país suramericano también denunció la operación militar estadounidense perpetrada el pasado 3 de enero en territorio venezolano, calificándola como una violación directa a la ley internacional. El bombardeo, a la ciudad Caracas, capital venezolana, y varias zonas de los estados vecinos Aragua, Miranda y La Guaira, dejó un saldo de más de 100 personas muertas y más de 112 heridos.
Durante la incursión militar, comandos estadounidenses de la Delta Force secuestraron al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, Estados Unidos, donde permanecen detenidos en una cárcel de máxima seguridad.
Estas denuncias por parte de Venezuela se suman a la serie de reclamos presentados previamente en el Consejo General de la OMC (16-18 de diciembre), donde se condenaron acciones estadounidenses como la orden de paralizar el tránsito de buques petroleros, la exigencia de devolución y retención de recursos financieros pertenecientes al Estado venezolano, y el uso de incursiones militares como herramienta de presión política y comercial.
Esas medidas constituyen actos de agresión que vulneran los fundamentos que sostienen el sistema comercial multilateral, afirmó la delegación venezolana ante la comunidad internacional en aquel momento.